Proponen una Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario

Un proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados propone crear, en el ámbito del Ministerio de Producción, la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario. Estará integrada por funcionarios, legisladores y representantes de entidades rurales.

07/07/2017 | Proyecto de diputado

Según publica APFDigital, el proyecto fue presentado por el diputado Esteban Vitor y dispone que la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario será presidida por el Ministro de  Producción e integrada por un representante de tal Ministerio, uno de Economía, otro de Planeamiento, un miembro de la Cámara de Diputados y un representante de cada una de las cuatro entidades rurales, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), la Federación Agraria Argentina (FAA); y Sociedad Rural Argentina (SRA).

Tal comisión “podrá incorporar transitoriamente, cuando las circunstancias así lo aconsejen, a representantes de instituciones públicas o privadas,  la banca oficial y/o privada o colegios de profesionales, con voz pero sin voto”. 

La iniciativa establece que los miembros de la comisión, que tendrán un mandato de dos años y podrán ser reelectos, “no percibirán retribución alguna” y “sólo podrán percibir los gastos de viáticos y/o movilidad que correspondieren a su actuación”.

En el artículo 4º se detallan cuáles son las funciones de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria y, en este sentido, se menciona la de proponer al Ejecutivo provincial la declaración de Emergencia Agropecuaria o Zona de Desastre. También observar la evolución de las áreas declaradas en situación de Emergencia Agropecuaria o Zona de Desastre.

A su vez tendrá la facultad de “proyectar, organizar y coordinar las medidas necesarias para disminuir o anular los efectos dañosos derivados de aquellos eventos meteorológicos, proponiendo las soluciones que estime idóneas a las áreas que correspondan”, entre otras.

El proyecto también establece cuáles serán las medidas en el orden tributario, crediticio, de obras públicas, y social para los afectados por el estado de emergencia o desastre agropecuario.

El diputado Vitor explicó en los fundamentos que “esta “iniciativa de ley surge a partir de dos situaciones claramente relacionadas con los resultados de la producción agropecuaria en la provincia de Entre Ríos”.

Y amplía: “La primera, que tiene que ver con una mayor frecuencia e intensidad en los factores climáticos, meteorológicos, biológicos y físicos de los últimos años en la Argentina en general pero en Entre Ríos en particular que han provocados una afectación directa sobre la producción agrícola y ganadera, sobre los actores que proveen  bienes y servicios para la efectiva realización del proceso productivo y sobre los eslabones de la industria productora de alimentos que dependen de un adecuado abastecimiento de las materias primas para el desarrollo de los procesos industriales; pero también se produce un impacto indirecto sobre todo el entorno comercial y social alrededor de la zona afectada.

Una interrupción brusca en la producción de granos, carne, leche, fruta, hortalizas o cultivos industriales genera en el corto plazo un problema económico y financiero y en el mediano plazo la necesidad de contar con herramientas que permitan el acceso a recurso económicos para la recuperación de capital de trabajo y la normalización de los flujos comerciales de todas las cadenas de valor involucradas”.

“La segunda situación es el resultado propio de los actos administrativos y de la burocracia de cualquier Estado, tiempos de respuesta demasiado largos a situaciones que revisten el carácter de urgente y que han producido en muchos casos la decisión por parte de quienes han sido seriamente afectados en su producción o su capacidad productiva de su deserción al uso de una herramienta que fue pensada para restablecer lo más rápidamente posible los niveles en los flujos comerciales de una zona declarada en emergencia agropecuaria”, se indica en el proyecto legislativo.

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