Nadie está pensando que una sentencia impida que las escuela
El fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes se reunió con representantes de la EEA Paraná del INTA, autoridades de la Escuela Normal Rural Alberdi y de Las Delicias, en el marco de una iniciativa propuesta desde las instituciones para analizar la aplicación de la Ley
En comunicación con Campo en Acción, el fiscal comentó:
La verdad que fue altamente productiva e interesante, como abogado de la provincia este es un tema en el que uno va aprendiendo en el terreno.
En la escuela Las Delicias nos encontramos que tiene un predio de 300 hectáreas alrededor del casco de la escuela que está afectado al uso productivo y eso se vuelca al funcionamiento de la escuela. Con las sentencias y restricciones de aplicación de plaguicidas se ve resentida la actividad alrededor de ese predio.
Además hay que tener en cuenta que alrededor de la escuela hay una especie de bosque, con lo cual el tema de las distancias no sería el método correcto para establecer restricciones a las fumigaciones. Tendríamos que ir a la escuela y verificar que no es la manera de decidir y lo que está sucediendo es que el establecimiento esta perdiendo la capacidad productiva.
En el caso de INTA es más grave aún, en la estación experimental Paraná se hacen ensayos e indudablemente se utilizan plaguicidas, allí el INTA está afectado por el radio de restricción que se instala a partir de la escuela Alberdi, prácticamente el 80% queda dentro del radio. En este caso se hizo una reunión para verificar las distancias dispuestas que afectan directamente el funcionamiento del Instituto.
Cabe destacar que en esta instancia conocimos proyectos bastante viables para hacer un estudio preciso, disciplinado y científico acerca del tema de las derivas de las aplicaciones con una tecnología de primera generación que no es tan costosa.
En definitiva, sostenemos que el tema de las distancias como metodología no sería el camino más adecuado para aplicarlo en todos los casos de las escuelas rurales de Entre Ríos. Es más, nosotros pensamos que a lo mejor lo que hay que hacer es crear unidades de control de aplicación de los plaguicidas alrededor de las escuelas rurales.
¿En qué instancia esta esa medida?
La situación es la siguiente, hay un decreto que dicto el poder ejecutivo (4407) que establece distancias muy inferiores en relación a la sentencia del juez Benedetto que eran 100 metros para aplicaciones terrestres y 300 para áreas, pero ese decreto fue impugnado a través del Foro Ecologista que obtuvo sentencia favorable en primera instancia. Actualmente está apelado ante la Sala de Procedimientos Constitucionales del Tribunal Superior de Justicia todavía no se ha dictado sentencia, lo que ocurre es que hay una medida cautelar que está operando y dispone las distancias de 1000 y 3000 metros.
En este sentido, presente un escrito para que se acceda a verificar la situación de estas dos escuelas porque de hacerse lugar a la pretensión de la parte actora tal como está planteada perjudicaría el funcionamiento de ambas instituciones. Creo que nadie está pensando que una sentencia impida que las escuelas rurales se auto sustenten.
Formalmente estamos en condiciones que el Superior dicte sentencia, ahora pedí que se abra una instancia de conciliación, información para que todos los actores puedan participar y dictemos sentencias que realmente sirvan, que a la hora de aplicarlas mantengamos el criterio de proteger la salud, el ambiente y que sea compatible con la producción entrerriana, con el interés de las escuelas rurales, es decir teniendo en cuenta un cumulo de información que hasta ahora no se han tenido en cuenta.
En fin, hay mucha información que tenemos que tener en cuenta tanto para que la Secretaria de la Producción cumpla con su función de control como para establecer las medidas de regulación jurídicas para la aplicación de plaguicidas.
Lo que tenemos que saber que existe un aplicador, un ingeniero agrónomo, una autoridad de aplicación que permite comercializar productos y un organismo de control, es decir, tenemos que ir a los datos duros sin perder de vista que el ambiente y la salud son los datos fundamentales que establece la ley.
¿El Estado tiene los recursos necesarios para el control?
Si, los recursos están lo que falta es organización. De la reunión de INTA me queda claro que existe un proyecto concreto elaborado por ingenieros para concluir en cuáles son las derivas o consecuencias de las aplicaciones en determinadas aplicaciones. Hay tecnología para hacerlo y para garantizar el control de las aplicaciones, por supuesto que hay una responsabilidad de cada parte.
Creo que con el relevamiento de caso por caso podemos sacar algo productivo para todo. Desde mi parte hago lo posible para tomar contacto con la realidad y trasladar la información al poder judicial.
Instancias de dialogo
En cada reunión que vamos tratamos de invitar al mayor universo posible, hay que darle a este dialogo un canal institucional, no puede depender ni de un directivo escolar ni del fiscal de estado. Ayer presente un escrito para el Tribunal Superior de Justicia para que sea el mismo el que llame a audiencias que integre a todos los sectores involucrados en el proceso, pero eso lo vamos a saber en las próximas horas.
Fuente: Campo en Acción
