Crece la participación del Estado en la renta agrícola
De acuerdo al indice FADA, de cada $100 de renta que genera una hectárea promedio en Argentina, $88,60 se los lleva el Estado o los reasigna con sus polÃticas.
El paro agropecaurio puede ser interpretado de diferentes formas, pero sin duda que el malestar y movilización de los productores agropecuarios tiene entre sus principales motivaciones la preocupación por la posibilidad de seguir produciendo.
La razón principal es que gran parte de las producciones agrícolas están dejando de ser sustentables desde el punto de vista económico. Para resumir lo sucedido, derechos de exportación, intervención de mercados y en el último año caída de los precios de los principales commodities agrícolas que produce Argentina en torno a un 25% en dólares.
Esto en el contexto de una pérdida sistemática de competitividad a lo largo de los últimos 10 por una inflación que va por encima de la devaluación. Por caso, en el último año hubo una devaluación del 12% contra costos que han crecido entre el 25 y el 30%.
Esta problemática, sin embargo, no es exclusiva del sector agrícola pampeano, sino que afecta a todo el sector de bienes transables del país, con las economías regionales como las principales afectadas.
La participación del Estado en la renta agrícola también refleja la pérdida de rentabilidad. Para el mes de marzo esta alcanza el 88,6%, por conceptos de derechos de exportación, impuestos nacionales, impuestos provinciales y costos de intervención.
Es decir, de cada $100 de renta que genera una hectárea promedio en Argentina, ponderando la participación de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol, $88,60 se los lleva el Estado o los reasigna con sus políticas.
Esta participación es superior al 83,4% correspondiente a la última medición de diciembre de 2014, y sustancialmente superior al 75% de marzo de 2014 o al promedio de los últimos 8 años. Cifras similares sólo fueron alcanzadas con la importante sequía de 2008/09.
"Costos de intervención"
Uno de los ítems que genera mayores movimientos en el índice son los “costos de intervención”. Estos son medidos por FADA como la diferencia entre el precio teórico que deberían tener los granos en el mercado interno (FAS teórico) y el precio al cual realmente se están comercializando (disponible). El caso del trigo es el ejemplo perfecto de cómo una política como esta termina generando efectos contrarios a los buscados.
Razonamiento es el siguiente
A una diferencia de 14 dólares por tonelada en maíz y 66 en trigo (entre lo que se paga a los productores y el precio que queda de la exportación luego de retenciones y otros gastos) y a 20 millones de toneladas de maíz exportadas y 6 millones de trigo, genera hoy una ganancia potencial para los exportadores de $5.500 millones sólo en esta campaña.
Por la existencia del sistema de ROEs, para poder exportar y hacerse de esta ganancia las empresas dependen de una serie de funcionarios que discrecionalmente y sin ninguna regla clara entrega los permisos.
Las implicancias de estos niveles de participación del Estado en la renta y sus implicancias en la rentabilidad de la producción se centran en dos aspectos:
Uso de tecnología
Como en cualquier otra actividad productiva, cuando los márgenes son menores, se reducen la inversión y la aplicación de tecnología. Esto impacta de manera negativa en la productividad al utilizar semillas y fitosanitarios de menor calidad, y al aplicar menos fertilizantes. A su tiempo, la reducción de la productividad se traduce en menos exportaciones, menos dólares y menos empleo.
Sustentabilidad
Con la sustentabilidad sucede algo similar, el suelo requiere que se roten los cultivos de una campaña a otra, es decir, que se siembren cosas diferentes, ya que cada uno extrae y repone nutrientes distintos. Esto es bueno para la calidad del suelo y el combate de las malezas.
El problema, es que al ser negativa la rentabilidad de cultivos como el trigo y el maíz, se obliga a los productores a sembrar cada vez los cultivos más rentables, como la soja, con consecuencias negativas sobre la sustentabilidad del sistema productivo.
Conclusión
Eliminar los ROE y los derechos de exportación al menos a todos los productos agropecuarios a excepción de la soja, son medidas imperantes para poder seguir siendo líderes en producción agropecuaria, traer dólares al país, y lo más importante, generar empleo genuino en todo el país.
