¿Para beneficio de quiénes?
Por estos dÃÂas se están escuchando diversas voces y posiciones sobre una estatización del comercio de granos. aye, jueves 20 de febrero, se publicó en el BoletÃÂn Oficial la creación de un registro de control de granos que dependerá de la AFIP.
La pregunta es si esta medida marca los primeros pasos hacia un mayor control comercial o intenta ir más a fondo en el cambio de las reglas de juego en materia de comercio agroalimentario. Es necesario analizar qué sucedió en los últimos años y porqué llegamos a esta situación.
La política comercial agropecuaria del kirchnerismo ha fracasado en sus intentos de controlar y transparentar el comercio exportador de granos. Las polémicas sobre el funcionamiento de la ex ONCCA, que terminaron en serias denuncias hacia los principales funcionarios, terminaron en su extinción por Decreto, es decir, por decisión de la propia Presidente de la Nación. Ahora nos plantean re-editar ese debate hacia una nueva "Junta de Comercio", lo cual implica un intento de reafirmar la presencia del Estado en el comercio de granos, pero, a la vez, si esto no se acompaña con un cambio de política agropecuaria los ganadores serán siempre los mismos.
En resumen, la ex-ONNCA no ha sido capaz de asegurar la "mesa de los argentinos", pero sí nos ha dejado como saldo en la política comercial:
• privilegios a unos operadores por sobre otros sin tutelar al más débil, muy por el contrario, atacando a los más vulnerables;
• definición de quién exporta y quién no discrecionalmente;
• asignación de subsidios millonarios de manera arbitraria;
• ocultamiento y distorción de información pública;
• no se garantiza un precio justo a los productores ni un adecuado abastecimiento de granos o carnes para el mercado interno y la exportación;
• fomento absoluto de la concentración económica y comercial.
A modo de ejemplo, de la observación del pago de las compensaciones surge claramente que cerca del 70% de las mismas se ha distribuido entre no más de 10 grandes empresas y sólo el 15% ha llegado a pequeños y/o medianos productores.
Lo primero a aclarar es que, si bien estos antecedentes muestran un órgano viciado en su accionar y defectuoso en sus resultados, consideramos que es necesario que el Estado esté activo en materia de comercialización agropecuaria, dictando y haciendo cumplir las normas que existen o deban crearse, evitando que los pequeños y medianos productores, cooperativas y PyMEs queden a expensas de los sectores comerciales con mayor poder de negociación. Es decir, el control y accionar del Estado debe proteger al eslabón más débil de la cadena comercial para que pueda convivir con un sector comercial muy fuerte que ha sido favorecido por las políticas comerciales durante la "década ganada".
Ahora bien, la intervención que ha hecho el gobierno kirchnerista ha favorecido un fenomenal proceso de transferencia entre productores primarios y las grandes empresas procesadoras y/o exportadoras, en su mayoría transnacionales. Estamos de acuerdo con la intervención, pero con normas que eviten las desigualdades que las políticas actuales han generado.
Existen, en el sistema agroalimentario argentino, actores con diferente capacidad de negociación. Las prácticas oligopólicas en el ámbito lechero y porcino y las prácticas coercitivas de los grandes distribuidores de alimentos están comprobadas, existen conflictos de abastecimiento de carnes en el mercado interno y se sospecha de otras prácticas que alteran el comercio justo y equilibrado del sistema. En definitiva, debe existir un control y políticas que reviertan, o al menos atemperen, estos procesos.
Consideramos que el debate sobre las intervenciones del comercio agroalimentario debe pasar por el Congreso de la Nación donde, no sólo están representadas todas las economías regionales, sino también los diversos intereses que despierta este tema. Sobre todo porque creemos en un Estado que articule, promueva y asegure transacciones transparentes reconociendo y respetando a todos los actores de la cadena.
Susana Gacìa
El Enfiteuta
