La Ley de Tierras frena el ingreso de 10.000 M/u$s
La Ley 26.737, que creó el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, está por cumplir su segundo año de vida sin lograr sus objetivos principales ni ser reglamentada por completo, según aseguraron desde la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR).
"Consideramos que lo más grave es el perjuicio producido hacia las provincias extra-pampeanas con menor valor de sus tierras, y que son las más necesitadas de la inversión extranjera. La Pampa húmeda puede esperar, pero la que no puede esperar es la Argentina que necesita de inversión, desarrollo y trabajo. La que no tiene caminos, agua, servicios, la que le cuesta hacerse escuchar", señaló la entidad por medio de un comunicado.
El artículo 10 de la misma menciona que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas en la zona núcleo, o superficie equivalente, según la ubicación territorial, y que esa superficie equivalente sería determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, dependiente principalmente por el Ministerio de Justicia de la Nación, que nada o muy poco hizo al respecto.
"Por esta causa continúa y persiste la imposibilidad de que un extranjero pueda adquirir más de1000 haen cualquier lugar del país. A modo de ejemplo, Si un extranjero quisiera comprar un campo en la zona núcleo estaría realizando una inversión no menor a los U$S 15.000.000, pero si lo quisiera hacer en La Pampa, la inversión por la compra de1000 hectáreasno superaría los U$S 800.000,- o menos y el tratamiento sería igual para ambos casos", señaló CAIR.
"Adicionalmente observamos una enorme dificultad en los organismos de la Provincia de Buenos Aires que regulan sus aspectos hídricos, para pronunciarse ante las consultas del RNT. La consecuencia es que los Certificados de Habilitación solicitados no se expiden, cuando los predios contienen riberas sobre cuerpos de agua de poca envergadura, como arroyos o lagunas típicas en la zona. La postura que han adoptado estos organismos provinciales es ni aprobar ni rechazar. Amontonar expedientes parecería ser la mejor solución", afirmó la entidad.
