“Quedó demostrado en la justicia el reclamo del campo
Luis M. Etchevehere, vicepresidente segundo de la Sociedad Rural Argentina, sostuvo que âquedó demostrada la justicia del reclamo del campo ante las exorbitantes subas en el inmobiliario ruralâ.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú convocó hoy a una audiencia pública entre productores y funcionarios provinciales para abordar la suba de hasta 700% en el impuesto inmobiliario rural en Entre Ríos.
“Hoy quedó demostrada la justicia del reclamo del campo porque los funcionarios del gobierno de la provincia de Entre Ríos admitieron que tomaron para el cálculo del impuesto inmobiliario rural una base que no respeta lo estipulado por la Ley vigente”, afirmó Luis Miguel Etchevehere, vicepresidente segundo de la Sociedad Rural Argentina, al salir de la audiencia conjunta entre el campo y el gobierno, convocada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
Más adelante, Etchevehere lamentó las palabras del director ejecutivo de la Agencia Territorial de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, quien dirigiéndose al tribunal durante la audiencia, afirmó que si la justicia llegaba a fallar en contra de la provincia, el Poder Ejecutivo tenía herramientas para mantener el mismo monto del impuesto inmobiliario rural.
“A través de sus palabras, quedó brutalmente expuesto el único afán que tiene el gobierno de la provincia de Entre Ríos: recaudar sin respetar el principio de equidad en materia tributaria, los fallos de la justicia y la necesidad de establecer una política agropecuaria de largo plazo que permita el desarrollo de todos los pueblos del interior”.
La audiencia fue convocada por el reclamo de los productores entrerrianos que busca poner freno al aumento del impuesto Inmobiliario Rural, que registra subas de más del 700%.
Desde el campo, se presentó una "acción de clase" que es una acción colectiva avalada por la Constitución provincial. Además, se exigió el acceso a la información pública para conocer de qué modo se hizo el cálculo para establecer el valor actual del impuesto. Es que, en vez de tomar los cinco últimos años del kilo de novillo gordo para el cálculo del impuesto, tal como lo establece la Ley, sólo se promedió el valor del último año, dando lugar a aumentos de más del 700% en el tributo pues en los últimos cinco años el novillo gordo promediaba los $ 5,30 el kilo, mientras que el valor que se habría utilizado para el cálculo alcanzaría los $ 8,60.
