Según la CASEM El uso de semilla fiscalizada
La cámara que nuclea a semilleros multiplicadores pidió una mesa de diálogo y alertó que el bajo nivel de comercialización debilita la inversión, la innovación y la sustentabilidad del sistema.
La Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM) advirtió, mediante un comunicado, que el sector semillero de especies autógamas atraviesa una crisis. En ese texto, la cámara sostuvo que la actividad atraviesa un "momento crítico" y reclamó una "agenda común urgente" para salir del estancamiento.
Según CASEM, el problema de fondo es el bajo porcentaje de comercialización de semilla fiscalizada, una situación que debilita al sistema en su conjunto y desalienta la inversión en genética y tecnología. Además, la entidad remarcó que la semilla de calidad es la base del desarrollo productivo, de la innovación y de la competitividad del agro argentino.
No se limita a una disputa sectorial
De acuerdo con la normativa y la información oficial del INASE, la semilla fiscalizada es aquella sometida a control oficial durante todo su ciclo de producción, bajo la Ley 20.247 y su decreto reglamentario. Ese sistema apunta a asegurar pureza varietal, calidad, poder germinativo, sanidad y trazabilidad, atributos que el organismo considera claves para el funcionamiento del mercado.
En ese marco, CASEM pidió avanzar en una mesa de diálogo "amplia e inclusiva" que reúna a todos los eslabones de la cadena semillera. El objetivo de este pedido es "construir consensos y superar las actuales posiciones antagónicas que impiden el desarrollo del sector."
El propio INASE explica que la "excepción del agricultor", conocida como uso propio, permite reservar parte de la producción para sembrarla en la campaña siguiente y precisa que esa práctica hoy representa más del 70% de la siembra en especies autógamas, principalmente soja, trigo, algodón y legumbres. Esa proporción ayuda a entender por qué el negocio de la semilla fiscalizada enfrenta dificultades para expandirse.
A la vez, el organismo oficial sostiene que el Estado debe garantizar reglas claras sobre la identificación y trazabilidad de la semilla legal. En esa línea, INASE avanzó en 2025 con la incorporación del rótulo de seguridad IQR para trigo y cebada cervecera comercializados desde 2026, una herramienta pensada para reforzar la identificación en tiempo real y agregar valor a la semilla fiscalizada.
En el caso de la soja, una de las especies centrales dentro del universo de autógamas, la preocupación del sector ya había quedado expuesta meses atrás. En febrero de 2025, una publicación difundida por CASEM señaló que solo el 13% de la soja implantada provenía de semillas fiscalizadas, mientras que el resto se repartía entre uso propio legal y bolsa blanca comercializada de manera irregular.
Por eso, el comunicado difundido este viernes también pone el foco en el rol del INASE como árbitro institucional de la cadena. CASEM afirmó que "a través del Instituto Nacional de Semillas (INASE) debe actuar como garante del funcionamiento equilibrado de la cadena, promoviendo reglas claras, previsibilidad y condiciones que favorezcan la inversión y la innovación".
En este contexto, la entidad aseguró que ya cuenta con propuestas concretas para destrabar el escenario actual y manifestó su disposición a trabajar junto con el resto de los actores del sistema productivo. Para CASEM, sin acuerdos más amplios y sin una recuperación del mercado de semilla fiscalizada, será difícil sostener la inversión en mejoramiento, calidad y competitividad dentro de la cadena semillera argentina.
Fuente: Agritotal
