Se elimina el peso mínimo obligatorio para faena bovina
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca resolvió derogar la normativa que imponía límites mínimos de peso para la faena de novillitos y vaquillonas. La medida apunta a desregular el mercado y devolver autonomía al productor.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca resolvió derogar la normativa que imponía límites mínimos de peso para la faena de novillitos y vaquillonas. La medida apunta a desregular el mercado y devolver autonomía al productor.
El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), oficializó mediante la Resolución 98/2025 la eliminación de los pesos mínimos obligatorios para la faena de bovinos, medida que había regido durante más de 15 años en el país. La normativa comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026 y marca un nuevo paso hacia la desregulación del comercio ganadero en línea con los principios establecidos en el Decreto 70/2023.
Con esta decisión, el Gobierno nacional deroga las Resoluciones 68/2007 y 547/2008, que habían establecido umbrales mínimos de peso por media res para las categorías de novillitos y vaquillonas, así como un régimen sancionatorio para quienes incumplieran esas disposiciones. La medida alcanza también a todas las normas complementarias y modificatorias que regían sobre ese aspecto.
Según se argumenta en los considerandos de la nueva resolución, el peso mínimo obligatorio "restringía la autonomía del productor para disponer de su producción conforme a sus criterios técnicos y objetivos económicos", generando además "incertidumbre normativa" por las múltiples modificaciones que se fueron introduciendo a lo largo del tiempo.
Según el Boletín Oficial, en el contexto actual, los productores cuentan con la experiencia y herramientas suficientes para determinar por sí mismos el momento óptimo de faena, sin necesidad de regulaciones impuestas por el Estado. En consecuencia, se busca "restablecer el marco de libertad económica" y eliminar regulaciones que distorsionen los precios de mercado o interfieran en la libre iniciativa privada.
La Resolución también establece que la derogación no tendrá efectos retroactivos: los procedimientos e infracciones detectadas antes del 1° de enero de 2026 continuarán su curso bajo la normativa vigente al momento de los hechos.
Con esta medida, el Gobierno avanza en una nueva etapa de liberalización del sector agropecuario, alineando la política ganadera con un enfoque que privilegia la desregulación y la libre competencia.
La resolución fue firmada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y fue publicada este 17 de junio en el Boletín Oficial bajo el número 41562/25.
Fuente: Agritotal
