El campo amenaza con nuevas medidas de fuerza y sigue hablan
"El Estado ya más daño no nos puede hacer", admitió el titular de la SRA, Luis Miguel Etchevehere; hoy se reúne la mesa de enlace para evaluar las acciones a seguir.
En plena batalla con el Gobierno por la estatización del predio de la Rural en Palermo, suspendida por un fallo de la Cámara Federal, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Luis Miguel Etchevehere volvió a hablar de una venganza y amenazó con nuevas medidas de fuerza del sector en repudio al embate oficial.
"Más de lo que el Gobierno ha hecho con el campo, habría que tener mucha imaginación", admitió irónico, aunque con tono realista reconoció que en tal caso "sería exagerada la venganza". "El Estado ya más daño no nos puede hacer", aseguró Etchevehere.
Asimismo, el titular de la SRA recordó en diálogo con radio Mitre que hoy se reúne la mesa de enlace del campo, un encuentro en el que adelantó que van a "evaluar medidas de fuerza y acciones a seguir en base a los pedidos desde el interior de endurecer las postura".
Intente lo que intente el Gobierno, nosotros vamos a seguir diciendo todo lo que tengamos que decir", prosiguió irritado, al mismo tiempo que denunció un "abandono" de la producción por parte del Gobierno y acusó al ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, de estar "desaparecido" y de no querer recibir a los productores.
La Cámara Federal, que el viernes suspendió la estatización del predio de la Rural de Palermo ordenada por la presidenta Cristina Kirchner, difundió ayer los fundamentos de su decisión, que, en los hechos, le ponen un fuerte límite al Poder Ejecutivo: le recordó que no puede desconocer el derecho de propiedad.
El tribunal reconoce que la Sociedad Rural Argentina (SRA) es dueña del predio y sostiene que violar ese derecho mediante un decreto es "un despojo" que afecta "la división de poderes".
El viernes último, la Cámara Federal en lo Civil y Comercial suspendió la obligación de la SRA de desalojar aquel inmueble antes del 20 de enero y, también, paralizó la aplicación del decreto 2552, por el cual la Presidenta había dispuesto, por sí misma y sin intervención de juez alguno, que aquel inmueble debía volver al patrimonio del Estado.
